April 27, 2021

Sujetos obligados ante UIF: ¿qué pasa con las criptomonedas?

En tiempos de incertidumbre, los argentinos buscamos siempre formas de que nuestros ahorros no pierdan su valor. Esto probablemente suceda en todo el mundo, pero lo particular que tiene nuestro país es la recurrencia. Como ya sabemos y hemos mencionado muchas veces, hace ya más de un año que vivimos rodeados de incertidumbre. Eso explica, a grandes rasgos y de modo general, porque la Argentina está viviendo desde 2020 un boom tal en el mercado de criptomonedas que hasta el diario El País, de España, lo retrata.

En nuestro país las criptomonedas suelen comprarse en billeteras virtuales especializadas –podemos llamarlas “criptobilleteras”. Al mismo tiempo, desde la llegada del exchange Binance a Argentina, una buena parte de las transacciones sucede ahí. Pero es en las criptobilleteras donde pondremos el foco en la nota de hoy: Ripio, Buenbit, SatoshiTango, Bitso, por nombrar solo algunas.

Desde 2019, todas las billeteras virtuales –de criptomonedas o no– son sujetos obligados ante la UIF (Unidad de Información Financiera). Esto no es novedad, ya lo sabemos, pero sí lo es el uso casi masivo de criptobilleteras en Argentina. Por lo tanto, vamos a repasar qué significa ser sujeto obligado ante UIF y por qué las billeteras virtuales lo son.

¿Qué significa ser “sujeto obligado ante la UIF”?

La UIF es, tal como se define en el portal oficial del gobierno argentino, un organismo con autonomía y autarquía financiera, que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), y los Delitos Económico-Financieros complejos (DEC). Con ese objetivo, la UIF se desenvuelve en torno al control, la detección, la investigación y la sanción de los delitos de LA/FT/DEC de modo de contribuir a reforzar el sistema financiero y el resguardo del orden socioeconómico.

Como hemos explicado en otras oportunidades, tanto el lavado de activos como la financiación del terrorismo, además de ser delitos penales, constituyen una grave amenaza a la integridad de las instituciones financieras y comerciales y producen efectos nocivos en el mercado legítimo económico mundial. Asimismo, en tanto el dinero del lavado de activos es utilizado también para cometer otros hechos delictivos, vuelve más inseguro no solo a las instituciones financieras sino al conjunto de la ciudadanía.

Por eso, ciertas personas físicas o jurídicas vulnerables al lavado de activos o la financiación del terrorismo tienen la obligación de presentar declaraciones juradas ante la UIF. A los mismos se los conoce como “sujetos obligados” y van desde casinos, aseguradoras y escribanos hasta entidades financieras, instituciones públicas como el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, entre otras, y las personas dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios.

Es entendible, entonces, que las billeteras virtuales sean sujetos obligados ante UIF. En tanto entidades financieras, que brindan servicios de pago e incluso crédito, deben presentar sus respectivas DDJJ ante UIF para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

¿Pero qué pasa con las criptomonedas?

En la Argentina, las criptomonedas no son consideradas moneda en términos formales. Ni nacional ni extranjera. Por lo tanto, no pueden ser reguladas por el Banco Central. Yendo al caso de las criptomonedas más populares y de mayor circulación (Bitcoin, Ethereum, Litecoin), podría pensarse al revés: como el Banco Central no tiene la potestad de imponer el curso legal de las mismas ni de regular su valor nominal, entonces no puede considerarlas moneda en términos formales. 

En 2014, sin embargo, el Banco Central se expidió sobre el tema de las criptomonedas, específicamente sobre Bitcoin. Reconoció la existencia y el uso de Bitcoin y, aunque no dispuso su prohibición ni consideró su uso y compraventa una conducta ilegal, advirtió que al no ser emitidas por el mismo ni por otras autoridades monetarias internacionales, “no tienen curso legal ni poseen respaldo alguno”. 

Por otro lado, la ley del impuesto a las ganancias incluye a las criptomonedas dentro de su alcance. Por lo tanto, si bien el Estado no las reconoce como moneda, sí las reconoce como bienes de valor que pueden generar ganancias y, en ese sentido, las alcanza con dicho impuesto. 

Finalmente, la misma UIF, en la resolución 300/14, define a las criptomonedas como “representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción”. En ese sentido, la misma resolución establece que todo sujeto obligado debe reportar información de todas las operaciones que se realicen con criptomonedas a través del reporte sistemático mensual y “prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales y establecer un seguimiento reforzado respecto de estas operaciones, evaluando que se ajusten al perfil del cliente que las realiza, de conformidad con la política de conocimiento del cliente que hayan implementado”. 

¿Por qué las criptomonedas son vulnerables al lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Basándose en las recomendaciones de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la UIF considera que las criptomonedas involucran una “serie de riesgos para el sistema de  prevención de los delitos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo” principalmente por el anonimato y la imposibilidad de trazar el origen de las operaciones. Al mismo tiempo, y al realizarse principalmente por Internet, las transacciones cripto permiten el movimiento de activos entre fronteras, involucrando a entidades de distintos países en los cuales puede haber, o no, controles de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

Por todo esto, es importante resaltar que aunque operar con criptomonedas es legal –y muy recomendable en muchos casos–, también es real la vulnerabilidad de las mismas al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por eso, para prevenirlos y para hacer construir un sistema financiero sano y transparente, es fundamental que, si bien las criptomonedas no pueden ser reguladas, las empresas que dan acceso a tales operaciones sean sujetos obligados ante UIF y se comprometan a prestar atención a lo que la misma exige. Las billeteras virtuales son herramientas esenciales en la construcción de la economía moderna: democratizan las finanzas, agilizan las transacciones, transparentan el sistema entero. Mantengamos su naturaleza innovadora, transformadora y esperanzadora cumpliendo con las obligaciones que hay que cumplir.

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