July 29, 2021

La informalidad: una traba para la recuperación post pandemia

Como ya hemos mencionado en otras notas, la región de América Latina y el Caribe presenta oportunidades estupendas para un alto crecimiento económico en la era post pandemia. No vamos a enumerar acá todas esas oportunidades, pero podemos sintetizarlas en una idea general bastante descriptiva: en América Latina y el Caribe empieza a vivirse una modernización y transformación digital profunda, que puede movilizar infraestructuras económicas enteras, al mismo tiempo que las miradas de los fondos de inversión globales comienzan a posarse sobre nuestra región. La posibilidad de obtener grandes beneficios con el crecimiento de una región históricamente postergada alienta la inversión.

Pero el potencial transformador de esta gran oportunidad para América Latina y el Caribe puede menguar si no se aborda un problema que parece casi sistémico en la región: la informalidad. De acuerdo a informes recientes del BID, el 42% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, convirtiendo a la región en la segunda con mayor informalidad del mundo, solo por debajo del África subsahariana con un 90%. En América Latina y el Caribe, el 80% de los trabajadores del decil más pobre son informales y, en algunos casos específicos, más del 80% de todos los trabajadores son informales. De este modo, si la recuperación económica no viene acompañada de una ola de formalización del trabajo, entonces los índices serán aún mayores. Y eso, lógicamente, vulnera el crecimiento.

Los motivos de la informalidad

Según explica el propio informe del BID, existen tres motivos fundamentales que explican la alta informalidad en América Latina y el Caribe. Primero, el bajo nivel laboral del capital humano entre las poblaciones más pobres dificulta el ingreso a los mercados laborales formales. En segundo lugar, los impuestos laborales que promedian el 28% desalientan la contratación formal. Y en tercer lugar, la existencia, a lo largo de toda la región, de programas de protección social para trabajadores informales que, aunque reducen la pobreza y la desigualdad, terminan actuando como “subsidios a la informalidad”.

La informalidad como obstáculo para el crecimiento

En general, los trabajos que se realizan en la informalidad son de baja productividad. Esto significa que a mayor cantidad de trabajo informal, menor productividad en la economía. En un contexto de recuperación y posibilidad de inversión alta, la productividad debería ser realmente competitiva para que el retorno de las inversiones no se demore y empiecen a verse ganancias.

Al mismo tiempo, una alta tasa de informalidad vuelve más costoso al Estado: en tanto los trabajadores informales no realizan contribuciones –o lo hacen en márgenes muy pequeños–, pero al mismo tiempo son beneficiarios de programas de protección social que permiten que puedan acceder a servicios públicos esenciales, el aporte de los contribuyentes termina siendo mucho más alto del que sería saludable que fuera. Esta situación termina ahogando al Estado, que cobra altos impuestos que aún así terminan no alcanzando. Y, lógicamente, un Estado ahogado económicamente es una economía entera que se estanca y se hunde gradualmente.

Caminos para encontrar soluciones

Es evidente que la informalidad es una problemática seria en la región y que debe ser solucionada. Lo que nos presenta este contexto post pandémico es una oportunidad de crecimiento enorme que no deberíamos desaprovechar. La traba que significa la informalidad para el crecimiento económico tiene que ser desarticulada para que el mismo pueda darse. No es fácil hacerlo, está claro, pero es importante iniciar, aunque sea, ese camino.

La vía de la educación es la más necesaria y, obviamente, la más larga. Un gran porcentaje de trabajadores informales no tiene el secundario completo, inhabilitándolos a conseguir trabajos más calificados, de mayor productividad, que se realizan en la formalidad. Esta situación nos presenta una complejidad altísima: el Estado debería realizar inversiones potentes en educación pública, financiadas por la contribución de los ciudadanos. Por eso este camino es largo; porque presenta una contradicción interna, una especie de círculo vicioso, que es necesario superar pero que no puede darse de un día para el otro. El camino de la educación es el más efectivo a largo plazo, pero debe ser acompañado por otras políticas a lo largo del proceso.

En ese sentido, hay políticas que los gobiernos podrían tener en cuenta, que generan menos distorsiones económicas que los programas sociales tradicionales, como el impuesto negativo a la renta que recomienda el propio BID en el mencionado informe. Esta política busca premiar el trabajo formal en lugar de castigarlo con subsidios a la informalidad. Con el impuesto negativo a la renta, se le brinda al trabajador informal un ingreso mínimo que no cae a cero al conseguir trabajo formal (como sucede en los programas de asistencia tradicionales) sino que se disminuye gradualmente a medida que crecen los ingresos formales. De ese modo, se incentiva el trabajo formal sin quitar de lleno el beneficio de la asistencia social (algo que, en general, los trabajadores informales ven como un perjuicio).

Incentivar el empleo formal es fundamental para que el boom de la recuperación económica sea real. Con estos niveles de informalidad, las inversiones que lleguen (si llegan) no harán más que aumentar la desigualdad. Así, el posible crecimiento económico post pandémico podría convertirse en una especie de espada de Damocles que en lugar de generar beneficios en el largo plazo, terminaría generando más problemas.

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