February 25, 2021

Es tiempo de terminar con la corrupción

La edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado recientemente por Transparencia Internacional, revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia del COVID-19. Este índice clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en su sector público, basándose en evaluaciones y encuestas a expertos y empresarios. Utiliza una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (corrupción inexistente).

Con 88 puntos cada una, Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan a la cabeza del índice. En el extremo opuesto se encuentran Siria (14 puntos), Somalia y Sudán del Sur (ambos con 12 puntos). Argentina se ubica en el puesto 78 con 42 puntos, descendiendo 12 lugares respecto del 2019. De acuerdo con los resultados del 2020 el puntaje promedio de los 180 países es 43, es decir que Argentina estaría apenas abajo del promedio.

Menos corrupción, mejor sistema de salud

De acuerdo con el estudio, los países con buenas puntuaciones en el índice invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas e instituciones democráticas o el estado de derecho. Tal es el caso por ejemplo de Uruguay, que ha obtenido la puntuación más alta de América Latina (71 puntos). En el país oriental se realiza una fuerte inversión en sanidad y se cuenta con un buen sistema de seguimiento epidemiológico que ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla y el zika.

Tal como lo declara Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, “el COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”. Algunas de las recomendaciones que dan desde el organismo para frenar la corrupción en esta tremenda crisis sanitaria son:

  • Fortalecer la supervisión de las instituciones a fin de garantizar que los recursos lleguen a los que más los necesitan.
  • Procesos de contratación transparentes (con la urgencia/excusa de la crisis muchos procesos se han vuelto más laxos, saltándose puntos de control claves).
  • Acceso garantizado a la información relevante en forma íntegra y oportuna
  • Fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos.

A estas recomendaciones podríamos agregar las siguientes: rendición de cuentas por parte de los gobernantes, por un lado, y que la corrupción sea juzgada y castigada evitando la impunidad y protegiendo los recursos de los ciudadanos, por otro.

En el caso de Argentina, pareciera que todo lo relacionado con compras y contrataciones, más allá de la pandemia, sería el área de trabajo más crítica. Es recurrente la realización de compras directas o sin licitación y el saltearse los controles del proceso, sembrando dudas en los procesos de negocio público/privado del país. Especialmente en el área de la salud.

El problema económico de la corrupción

Es importante aclararlo: la corrupción es muy cara. De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, con análisis en los números del 2018, la misma correspondió al 5% del PBI mundial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL) indica que tal monto es más del doble de lo necesario para otorgar un ingreso básico de emergencia a más de 200 millones de personas que viven en la pobreza en la región.

Otro problema económico grave de la corrupción es el impacto negativo que genera su reputación ante inversores. En ese sentido, las prácticas de negocio corruptas afectan al desarrollo y el crecimiento de un país en tanto genera desmotivación a invertir.

El gran desafío de la lucha contra la corrupción hoy

Todos los países tenemos, hoy, una gran oportunidad para reforzar el combate a la corrupción, especialmente en el área de salud, en todo lo relacionado a la compra y distribución de las vacunas. Situaciones como las ya conocidas por todos de vacunatorios VIP y privilegios a la hora de recibir las vacunas son definitivamente inaceptables. Sobre eso, la misma Delia Ferreira Rubio, destacó que este es un claro caso de corrupción en el área de salud y que “la opacidad en la vacunación favorece la corrupción global”. Por eso, instó a los gobiernos de todo el mundo a informar a la población “qué se compra, a qué precio, qué se recibe, cuándo, cómo se distribuye, quién recibe las vacunas, quién las aplica, con qué criterio”.

En este lento y largo proceso de recuperación de la crisis que suscitó la pandemia, se vuelve fundamental que tengamos en cuenta las lecciones aprendidas en tiempos de crisis poniendo foco a la lucha contra la corrupción. Y, para eso, es fundamental entender que esta lucha no obedece únicamente –aunque debería ser razón suficiente– a un comportamiento ético y moral por parte de los gobiernos y las empresas sino que obedece, también, al hecho de que la corrupción, especialmente en estos tiempos y en el área de la salud, daña profundamente a las sociedades. La corrupción desacelera la recuperación económica, desmotiva la inversión, hace que los programas de salud no se apliquen eficientemente y profundiza las crisis.

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